¿Acuerdo en pensiones?

LUIS FELIPE LAGOS

Después de una larga discusión del proyecto de reforma de pensiones se puede concluir que no solo hay discrepancias en los instrumentos, sino que también en los objetivos. En efecto, no hay un solo objetivo compartido por todos, como aumentar las pensiones, hay varios, y algunos no tan explícitos; lo cual, ciertamente, dificulta llegar a un acuerdo.

El Gobierno ha manifestado sus objetivos en un documento marco del 31 de julio. Si bien el proyecto ha cambiado respecto de su versión inicial mantiene, en una suerte de “gatopardismo”, la idea de separar la industria, aumentar el componente de reparto (recordemos que la PGU constituye reparto) con lo que denomina seguro social, y la influencia del Estado gestionando fondos previsionales.

Si bien el proyecto ha cambiado, mantiene, en una suerte de “gatopardismo”, la idea de separar la industria, elevar el componente de reparto y la influencia del Estado gestionando fondos previsionales.

Se postula compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida, objetivo compartido por la comisión técnica, destinando un 1% del incremento de seis puntos propuesto. Lo aconsejable sería que paralelamente se igualara la edad de jubilación de hombres y mujeres en 65 años y que la compensación se financiara con impuestos generales.

La comisión técnica identifica y acota la solidaridad intergeneracional a los grupos más rezagados de acuerdo con su tasa de remplazo. Estos serían, principalmente, mujeres de nivel medio y acomodado (4° y 5° quintil) con más años de cotización. ¿Queremos realmente hacer esta redistribución regresiva? ¿No se repara en que las personas del 5° quintil tienen capacidad de ahorro y seguramente cuentan con ellos?

La propuesta marco del Gobierno incorpora un componente de reparto como una redistribución intergeneracional, considerando un aporte reembolsable transitorio de dos puntos administrado por un Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social. Esta suerte de préstamo es un muy mal “negocio” para los trabajadores. En primer lugar, su interés será 2% a 3%; la interpretación benevolente es más UF, pero ¡increíblemente! el documento no lo menciona. Si fuera un interés nominal, estaríamos nuevamente frente a una grosera expropiación como ocurrió con los bonos de la reforma agraria (bonos Cora). El bono será emitido por el fondo, no es un bono del Estado como el bono de reconocimiento y, a diferencia de éste, sería redimible al retiro en cuotas durante ¡20 años! Sabemos, por la dinámica de la población, que el reparto con cotizaciones será insostenible al haber cada vez menos trabajadores por jubilado; el fondo será deficitario, lo que dificultará pagar los bonos. Se afirma que la redistribución será solo transitoria, pero sabemos de múltiples casos donde impuestos transitorios terminan siendo permanentes. Este fondo será un “chocolate” para políticos populistas, extendiendo los aportes reembolsables, terminando en permanentes.

La propuesta de Gobierno insiste en la separación de la administración de cuentas de la gestión de inversiones, a esta altura un objetivo político-ideológico sin sustento técnico. La diferencia es que ahora no se considera un monopolio administrando cuentas, sino que se debe subcontratar esta función entre potencialmente varios proveedores.

Por último, se propone subir la PGU a $ 250.000 y mantener la cobertura del 90% de los pensionados. La PGU debiera focalizarse, con un beneficio condicionado a años cotizados y decreciente en el ingreso. Asimismo, su monto debiera anclarse a un índice objetivo (IPC) que no esté sujeto a frecuentes cambios metodológicos. El sistema previsional no es un instrumento para solucionar el problema de bajas remuneraciones debido a la informalidad y baja productividad.